Marcha en todo el país por el derecho al aborto
31-10-12
Bajo la consigna “Ni una muerte más por abortos clandestinos”, mañana se realizará una marcha a favor del derecho al aborto, legal, seguro y gratuito. La manifestación partirá desde Colón y Cañada a las 18.Mañana, 1º de noviembre, se cumple un año de la presentación del Proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)presentado por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Comisión de Legislación Penal del Congreso de la Nación.
Luego de 12 meses, todavía no se ha realizado su tratamiento en el Congreso Nacional y diversas organizaciones consideran que se trata de una "deuda pendiente para la sociedad argentina".
El debate que está colocado, según manifestaron desde las asociaciones, no es entre "aborto si o aborto no", sino entre “aborto clandestino o aborto legal”.
Según precisaron mediante un comunicado, es urgente y necesario que se debata y apruebe la ley de interrupción voluntaria de embarazo porque: “los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad materna; cada 2 días muere una mujer por aborto clandestino; alrededor de 80.000 mujeres por año llegan a las guardias de los hospitales públicos por complicaciones post aborto y porque el aborto clandestino es un negocio millonario, mueve 1.200 millones de pesos al año”.
Respecto a las iniciativas presentadas en la comisión del Congreso, la que más adhesiones tiene es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, de la que forman parte más de 250 organizaciones de la sociedad civil y cuenta con casi sesenta firmas de diputados de distintos sectores políticos. Ésta propone “despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación”.
La otra presentación que legaliza el aborto en las primeras semanas de gestación es la iniciativa presentada por el bloque Nuevo Encuentro, que establece que toda mujer puede decidir la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 14 semanas de gestación.
Buenos Aires. En Capital Federal, distintas organizaciones concentrarán frente al Congreso de la Nación en donde realizarán la lectura de un documento para luego movilizarse a Plaza de Mayo.
Investigan a los ciudadanos paraguayos que votan en Formosa
En la última elección pasaron la frontera 10.000 personas; cobran pensiones de la Anses, pero son afiliados al Partido ColoradoFORMOSA.- Viven en Paraguay, allí trabajan y son ciudadanos de ese país. Algunos, incluso, están afiliados al Partido Colorado o el Liberal. Pero, cada dos años, cruzan la frontera para votar en Formosa . Para eso, usan un DNI argentino, pese a que no existe un acuerdo de doble nacionalidad entre los dos estados. Como premio, algunos logran acceder a una pensión por invalidez de 1300 pesos mensuales, pagada con fondos de la Anses.
Lo que empezó como un trabajo de investigación casi artesanal en la oficina del ex intendente radical de la capital formoseña, Gabriel Hernández, fue convirtiéndose en un escándalo de magnitud a medida que se comprueban más y más casos de ciudadanos paraguayos que cruzan la frontera para votar en la Argentina.
La base de ese trabajo es el registro de las 10.000 personas que, en las últimas elecciones, ingresaron en Formosa de Paraguay por sólo dos de los pasos fronterizos de esa provincia: el puerto de la capital y el puente de Clorinda. El informe fue elaborado por la Prefectura y la Gendarmería, a pedido del gremio médico AMRA, que se constituyó en observador de los comicios. Desde entonces, sus miembros no dejaron de sufrir represalias del gobierno del kirchnerista Gildo Insfrán.
En ese registro, quienes ingresaron en el país para votar dejaron asentado su DNI y su fecha de nacimiento. Como Fabián Eduardo González Alviso, que a las 15.44 del 23 de octubre estampó su DNI 29.907.271 y la fecha 16/11/1982 en los registros. El ex intendente Hernández encontró que, con el mismo nombre y el mismo cumpleaños, otro Fabián Eduardo González Alviso vive en la ciudad paraguaya de Alberdi, con la cédula de identidad guaraní 5.321.515, y está registrado, además, como afiliado al Partido Colorado paraguayo.
Hasta la semana pasada, y tras revisar sólo las primeras páginas del informe de la Prefectura, Gutiérrez había presentado 50 casos similares ante el juez federal Eduardo Valiente, quien corroboró las primeras denuncias con pedidos de informes al consulado paraguayo y la Anses. Hernández también comprobó que por lo menos el 20% de los paraguayos que votaron, cobran (o tramitaron) una pensión de la Anses.
Como Rutila Pedersen, que el 23 de octubre de 2011 ingresó en el país con el DNI 24.898.880. Sin embargo, la Gendarmería no pudo ubicarla cuando la buscó en el domicilio que Pedersen declaró en Herradura, localidad del departamento formoseño de Laishi.
Tras recoger testimonios de vecinos y hasta del intendente, la Gendarmería asentó en su informe judicial que Rutila, en realidad, vive en Villafranca, Paraguay, y que cada mes pasa por Herradura para cobrar una pensión que, según los registros de la Anses, percibe desde septiembre de 2009. "Descubrimos que algunos de los que cruzaron la frontera no tienen pensiones, pero sí sus padres, por lo que toda la familia cruza a votar. En cualquiera de los casos, la ley dice claramente que para cobrar una pensión se debe residir en territorio argentino", indicó Hernández a LA NACION.
Su hermano, el diputado provincial Martín Hernández, completó: "Los 10.000 casos son de sólo dos pasos fronterizos. No incluyen a la Pasarela de la Amistad, en Clorinda, donde los peatones pueden cruzar la frontera sin pasar ningún control".
Como publicó este medio, Formosa tiene el récord de pensiones por invalidez: 40.183 formoseños (el 7,5 por ciento de la población) cobran un beneficio para el que es necesario probar incapacidad laboral "total y permanente". Pero todos saben que esas pensiones son facilitadas por punteros del PJ a cambio de apoyos para Insfrán.
"¿Pero cuál es el problema? ¡Acá somos todos de Gildo!", celebró Alberto Ruiz, el hermano menor de Enedino Aníbal Ruiz, a quien LA NACION intentó ubicar dos veces en el domicilio que declaró en la capital formoseña. En el primer intento, Perla, otra hermana, explicó que Enedino había viajado a Paraguay para ver al médico. La segunda vez no anduvo con vueltas: "Chicos, les mentí, Enedino vive, trabaja y está casado en Asunción".
Enedino Ruiz es otro de los denunciados: ingresó el día de las elecciones para votar con el DNI 10.953.035 y fecha de nacimiento 22 de mayo de 1953. Pero en los registros oficiales paraguayos figura que vive en Lambaré, con la cédula de identidad 1.798.671. Está inscripto para votar en ese país desde 2001, afiliado al Partido Colorado.
Pero Enedino es más que eso: es funcionario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal de Paraguay, a donde llegó contratado por Edgardo Gómez Zaputovich, quien terminó condenado a cinco años de prisión por corrupción, según refleja el diario paraguayo ABC Color.
"Enedino renunció, pero después lo llamaron de nuevo, porque él maneja los contactos políticos en todos los municipios [paraguayos]", resumió, con orgullo, su hermano, para aclarar que Enedino sí nació en la Argentina. "No vive acá, pero viene seguido para pagar jubilaciones y cobrar préstamos que da", agregó.
Enedino es, también, un hombre previsor: aunque vive y trabaja en Paraguay, el 20 de julio de este año solicitó una pensión en la Argentina, de acuerdo con los registros de la Anses. Por su edad, no califica para cobrar una pensión por vejez. Salvo un milagro médico, tampoco es madre de siete hijos. Entonces, sólo pudo haber solicitado una pensión por invalidez
Advierten que en el país hay “más de medio millón de personas esclavizadas”
El presidente de la Fundación La Alameda dijo a Elonce TV que Argentina “tiene más de medio millón de personas esclavizadas” y “8000 prostíbulos con más de 60 mil mujeres en situación de explotación y esclavitud sexual”
La experiencia recorrida durante años de trabajo al frente de la Fundación La Alameda, fue compartida por Gustavo Vera en su exposición en la jornada sobre “trata de personas, redes de trata, laboral-sexual y explotación infantil”, que encabezó en la sede de Agmer Paraná.
“Hemos hecho más de 150 denuncias penales a marcas de ropa, empresas que utilizan trabajo infantil, redes de proxenetismo en distintos puntos del país”, explicó el presidente de la fundación a Elonce TV.
En ese sentido acotó: “Intentamos concientizar acerca de qué es el trabajo esclavo, qué es la trata y cómo se las combate, cuáles son las políticas públicas que se han desarrollado a nivel local y las que faltan desarrollar todavía”.
“En Argentina tenemos más de medio millón de personas esclavizadas, 8000 prostíbulos con más de 60 mil mujeres en situación de explotación y esclavitud sexual, un promedio de consumo de cocaína del 2,6 por ciento según la ONU, que supera a todos los países de Latinoamérica, y un combate de lavado de dinero que es prácticamente inexistente”, planteó Vera. A su entender, “este es un contexto peligroso, y un contexto legal muy leve”, considerando que “robar una presa de ganado tiene una pena más alta que traficar a una persona”.
Ante este contexto, el presidente de La Alameda apuntó: “Estamos tratando de impulsar leyes como hay en Italia o en Brasil, de pasar a la confiscación y reutilización de bienes, porque no basta con castigar al proxeneta y meterlo preso con una pena que corresponda, sino que hay desmantelarla en su base económica y seguirle el circuito económico para que no se pueda reciclar. Esa fue la clave que encontraron los países que realmente están combatiendo la mafia”. Elonce.com
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