JUICIO DEL PPP

https://sites.google.com/site/exempleadosentel/anuncios-del-grupo

6 fallos de Tettamanti que Clarín debería leer

http://www.urgente24.com/205462-6-fallos-de-tettamanti-que-clarin-deberia-leer

http://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00011/00004986.Pdf

Reclaman $ 75 millones los ex empleados de Telefónica

La demanda fue por la venta de acciones de los trabajadores

La empresa respondió que actuó respetando los decretos de la privatización de ENTel

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Informe de CAROL ABOUSLEMIAN

La pelea por las acciones del Programa de Propiedad Participada (PPP) no termina. Esta vez el dolor de cabeza es para Telefónica, ya que 3.000 trabajadores retirados iniciaron causas judiciales para reclamarle un reajuste de 75 millones de pesos en el precio de sus acciones. Además, piden la entrega de los certificados de libre deuda de sus papeles retenidos por el Banco Ciudad.Los ex telefónicos consideran que cuando vendieron sus papeles, el Fondo de Garantía y Recompra (FGR), creado para garantizar que el porcentaje del capital en poder de los trabajadores se mantenga, les pagó un precio vil, de dos a tres veces inferior al valor real. Mientras que la acción cotizaba en promedio a 3,50 pesos, en 1995 ellos recibieron 0,75 por acción, en 1996 cobraron 1,16 y 1,32 pesos en junio y octubre respectivamente, y, en 1997, 1,81 pesos. En total, la suma reclamada es de 75 millones de pesos.En cambio, en Telefónica sostienen que la compra fue hecha directamente al FGR a un precio de 3,50 pesos por acción. Eduardo Mirabelli, jefe de prensa de la empresa, le dijo a Clarín que la compañía se ajustó en todo a los decretos que oportunamente fueron emitidos cuando se privatizó ENTel y cuando se conformó el programa de propiedad participada.Pero los ex trabajadores quieren dar pelea. Jorge Guiñazú, el abogado que los patrocina iniciará esta semana una acción legal para anular la compra de las acciones clase C, hecha por Telefónica. El argumento es que la compañía las compró al FGR, que no es el dueño. En este punto, Guiñazú se apoya en lo estipulado dentro del Acuerdo General de Transferencia que regula los PPP, que especifica que, para poder vender, el FGR tiene que hacer una asamblea de accionistas telefónicos y no de delegados de la sindicación. Según denuncia el abogado, fueron los representantes sindicales y no los accionistas los que decidieron la venta.Hoy en día, Telefónica ha comprado casi el 90% de las denominadas acciones clase C del PPP, mientras que Telecom completará la operación en setiembre de este año. La batalla legal también alcanza al Banco Ciudad, que actuó como fideicomisario de los PPP telefónicos. Los accionistas acusarán a la entidad por incumplimiento de orden judicial y retención indebida de fondos.El caso es que los ex trabajadores-accionistas esperan sin éxito desde hace más de tres meses que el Ciudad les entregue los certificados de cancelación de la prenda de sus acciones para poder disponer libremente de ellas.Mis clientes esperan semanas mientras que a Telefónica de Argentina le entregan el certificado en el día, se queja el abogado Guiñazú.El abogado Carlos Bosch, contratado desde hace dos meses por el Banco Ciudad exclusivamente por el tema del PPP, insiste en aclarar que el banco se limita a acatar todas las disposiciones existentes. En el caso de estos certificados, en realidad se trata de la inscripción en la Caja de Valores. Nosotros consideramos que no corresponde hacerlo ya que según el AGT un empleado retirado deja de ser dueño de las acciones porque tiene que vendérselas a un activo o bien al FGR.Guiñazú acusó al Ciudad de prestarse a un mecanismo de engaño en algunos casos y coerción en otros, por el cual para poder cobrar sus dividendos, los accionistas fueron obligados a firmar la venta de sus acciones a las telefónicas. Algunos de mis clientes accedieron sin saber realmente qué estaban firmando. Otros se negaron, e hicieron constar la exigencia de los funcionarios del banco, en actas certificadas por escribano público, explicó.

http://edant.clarin.com/diario/1998/08/03/o-01901d.htm

enuncian al juez de Clarín por fraude con acciones de Telecom

Lo acusan de formar parte de una organización destinada a la comisión de ilícitos con la finalidad de apropiarse ilegalmente de 1000 millones de pesos. Es el subrogante que debe definir la constitucionalidad del artículo 161

Pedido de juicio político. Denuncia de posible organización para delinquir". Así se titula el escrito dirigido a Manuel Urriza, presidente del Consejo de la Magistratura, en el que el abogado José Alberto Bermann solicita "se someta a jurado de enjuiciamiento al Magistrado convocado para ocupar el cargo de Juez de Primera instancia Federal civil y comercial Nro. 4, Dr. Raúl O. Tettamanti". El escrito, al que tuvo acceso Tiempo Argentino, fue ingresado el pasado lunes 1 de octubre y ya se encuentra en la Secretaría de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura.

Raúl Orestes Tettamanti es hoy el juez subrogante que estaría en condiciones de resolver la disputa del Grupo Clarín por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El magistrado fue designado en el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 1, para dictar sentencia respecto de la constitucionalidad o no del artículo 161 referido a la desinversión.

Tettamanti pertenecía al fuero Civil y Comercial, y el Poder Ejecutivo, a través del decreto 241/2008, aceptó su renuncia como titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 10 de la Capital Federal. Desde 2008, está jubilado y es juez subrogante en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en los juzgados Civil y Comercial Federal Nº 4 y Nº 10, además del Nº 1.

La denuncia de Bermann se fundamenta en dos expedientes: el 8952/2008 "Sánchez Daniel y otro c/administradores de Fondo de Garantía y REC. PPP Telecom Argentina s/sumarísimo" y el 12950/04 "Brambilla, Ramón Agustín y otros c/ Fondo de Garantía y recompra PPP Telecom Argentina y ot. s/división de condominio". Ambos tramitan ante el Juzgado Federal Civil y Comercial 10, Secretaría 20, a cargo de la Dra. Patricia Barbado.

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